Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz se niega a respetar derechos laborales

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Xalapa, Ver, 06 de agosto de 2021.- La travesía de un grupo de trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz comenzó el día 2 de diciembre del 2016, cuando personal de la entrante administración del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares les notifico, sin causa alguna, que sus servicios ya no eran requeridos, dejando al grupo de más de 20 policías en un estado de zozobra, abandono y total indefensión, pues no hubo mayor explicación que esa.
Los oficiales, quienes se encontraban adscritos a la ayudantía del Gobierno del Estado, fueron citados en su base de operaciones, donde tras un tiempo de espera arribó una camioneta color blanco sin rotular, de la que descendieron personas que portaban el uniforme de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Uno de ellos, quien se identificó como el Capitán de Fragata, infante de marina, paracaidista, diplomado del estado mayor presidencial, Narciso Peña Cortés, entonces Subsecretario de Operaciones de la SSP, les pidió reunirse para darles instrucciones, sin embargo, se repitió el mismo cantar “ya no somos niños chiquitos”, les dijo mientras los invitaba a sentarse con él a negociar su permanencia en la institución, a pesar de ser elementos debidamente certificados y con exámenes de confiabilidad aprobados.
Por supuesto que no fue parte de la negociación, tras una breve mesa de dialogo con el Subsecretario, algunos prefirieron desistir, a ellos sólo les fue entregado tiempo después el aguinaldo al que tenían derecho por su último año laborado, no más. Otro grupo optó por lo justo, y ante un despido injustificado, recibir su liquidación correspondiente, pero aunque esto era su derecho, la respuesta del Gobierno de Veracruz fue negativa y aquí comenzaron a emerger docenas de irregularidades.
Tras exigir que sus derechos laborales fueran respetados, el día 5 de diciembre de ese mismo año la Secretaría fabricó una serie de oficios de baja, los cuales los afectados nunca firmaron, estos oficios con fecha del día 2, mismo en el que entablaron dialogo con el Capitán Peña Cortes, desde ese día habrían sido dados de baja de forma arbitraria e injustificada, por lo que iniciaron una demanda colectiva ante el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, radicándose el Expediente Laboral número 535/2016/V, declarándose incompetente para conocer del caso este tribunal y radicándolo hasta el 25 de mayo de 2017 en la hoy extinta Sala Regional Unitaria Zona Centro del Poder Judicial de Xalapa, bajo el expediente 276/2017/IV.
Sin embargo, algunas de las pruebas presentadas con las que se acreditaba el injustificado despido fueron desechadas por la sala regional, todo en un flagrante intento de las autoridades estatales por alargar el proceso y desentenderse de sus obligaciones, teniendo los afectados que recurrir al amparo de la justicia federal para tratar de poner un alto al atropello de sus derechos, pues además, la Secretaría de Seguridad Pública alegaba que eran desertores, y que su despido se había derivado de tres faltas consecutivas, del 5 al 8 de diciembre, cuando entre las pruebas presentadas se encontraban las supuestas bajas con fecha 2 de diciembre, por lo que las autoridades estatales estaban mintiendo sin escrúpulos en ambas cosas para tratar de justificar sus atropellos, por un lado fabricando oficios de baja y por el otro una falsa deserción. Este juicio de amparo, con número 314/218, se radicó en el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en la ciudad de Xalapa, estando en funciones ahora la administración del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez.
El día 28 de junio de 2018, el Juez federal dictó sentencia firme “LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA y PROTEGE” contra los actos cometidos por el Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, mismo que habría sido quien desechara las pruebas presentadas por los oficiales, y en la ejecutoria federal se ordenó se emitiera una nueva resolución en la cual con libertad de jurisdicción, de forma fundada y motivada, la resolución estableciera por qué fueron desechadas las pruebas en comento y en la nueva resolución ordeno, en cumplimiento a la ejecutoria federal, que estas pruebas se desahogaran en los términos solicitados por los quejosos de garantías, gracias al amparo de la justicia federal.
Fue hasta el 11 de noviembre del 2019 que el Magistrado Instructor de la Tercera Sala Unitaria de este Tribunal, dentro de juicio contencioso administrativo 276/2017/3a-IV, se vio obligado a declarar la nulidad del despido y cese de los policías, determinando que efectivamente, fue un acto injustificado y violatorio de sus derechos.
Aún así, la Secretaria de Seguridad Pública continuó renuente y les ofreció una suma de dinero muy inferior a la que por ley les correspondía, para olvidar el asunto y permitir que sus derechos fueran pisoteados, al tiempo que solicitaron al tribunal la revocación de esta última sentencia en diciembre del 2020, obligando a los afectados a recurrir nuevamente al amparo iniciándose ahora el juicio de amparo 43/2021, en el Juzgado Segundo de Distrito durante el mes de febrero de este año 2021, donde el celebrarse la audiencia las autoridades señaladas de cometer todos estos atropellos reconocieron la existencia y responsabilidad de sus acciones, por lo que ahora, a casi 5 años de no rendirse en la búsqueda de sus derechos, están en espera de que el presidente de la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz emita una resolución que ponga fin a estas injusticias.
Los afectados han señalado en múltiples ocasiones que no buscan robarle a nadie o conseguir algo a lo que no tengan derecho, tan sólo buscan que sus derechos sean respetados, pues se trata de personas que durante 6 años fueron leales a una institución, personas con expedientes impecables, no se trata de políticos que hayan huido o saqueado, si no de personas trabajadoras a quienes las últimas dos administraciones estatales ha ignorado y hecho todo lo posible por pisotear, muchos de ellos actualmente no pueden acceder a un empleo en su campo laboral, pues ante las demandas, el gobierno realiza la mala práctica de bloquear a las personas para que no sean contratadas en ningún sitio, son hombres y mujeres, sustentos de familias, que hoy por hoy continúan esperando justicia.
Del Capitán Narciso Peña Cortes, quien habría iniciado este martirio, se sabe que tras finalizar el “Yunato” huyó al estado de Puebla, donde se acomodó al frente de la Subsecretaría de Coordinación y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública poblana, cobijado ahora por el gobierno de la “4T” donde desde su llegada ha sido investigado por la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Anticorrupción por el desvió millonario de recursos públicos, actos en los que también estaría presuntamente involucrado su compadre, un magistrado veracruzano.
Valentin

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