EL JUEZ DE CONTROL DE SAN ANDRÉS TUXTLA, MARCELO CAMPOS, UTILIZA EL PODER PARA EXTORSIONAR A FAMILIAS HUMILDES DE CATEMACO.

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Samuel Aguirre Ochoa.

Por enésima ocasión el juez de control de San Andrés Tuxtla, Marcelo Alfredo Campos Scougall, es acusado de corrupción, en el caso de la causa penal 21/2018 en contra de cuatro vecinos de la colonia “Manuel Serrano Vallejo” ubicada en la cabecera municipal de Catemaco. Asentamiento que vino a resolver el problema de vivienda de cientos de familias pobres de este lugar y que hoy cuenta con la mayor parte de los servicios básicos ya establecidos. Fue fundada en un terreno comprado por el gobierno del Estado expresamente para la creación de dicho asentamiento y se tienen los documentos que así lo demuestran.

Decimos por enésima ocasión porque este juez se ha visto involucrado en diversos actos de corrupción que le han merecido sanciones: En el 2002, siendo juez de primera instancia, fue suspendido por un mes y medio, acusado de simular audiencias; en el 2014, como juez civil en el distrito de Coatepec, fue acusado de fabricar pruebas en contra de una ama de casa; en junio de 2018 se le señaló por vecinos de San Andrés de liberar a un doctor que asesinó a su esposa, el funcionario dijo que había sido suicidio; y recientemente, en septiembre de 2018, provocó la indignación pública el hecho de que hubiese absuelto a un presunto pederasta, acusado de llevarse a vivir con él a una jovencita de 15 años de edad.

En esta ocasión logró extorsionar a la licenciada Deborath Minquiz Polito, líder de la colonia Manuel Serrano y regidora segunda de Catemaco, con 250 mil pesos para no vincularla a proceso, dinero que le fue entregado en su propia mano, a pesar de lo cual no cumplió su ofrecimiento y terminó vinculándola a proceso y a tres personas más. A todas luces se ve que se trata de delitos prefabricados para sacar dinero. Veamos: a la Lic. Deborath la acusa un particular del delito de fraccionamiento indebido, cuando el Código Penal de Veracruz, establece que este ilícito sólo puede perseguirse por la denuncia que presente la autoridad con la facultad de otorgar permisos de lotificación, hecho que no se ha dado hasta el momento. A los otros tres vecinos sometidos a proceso se les acusó de amenazas y el denunciante presentó como prueba un video filmado por él mismo, en el cuál por ningún lado se ve que los vecinos lo hayan amenazado, por el contrario, es él quien muestra una actitud prepotente, y como se sabe los videos no hace prueba plena.

Para este fraude judicial, el juez en mención se encuentra en amasiato con Óscar Chagala Castillo, pseudo brujo y ex guarura del ex presidente municipal por dos ocasiones de Catemaco, Sergio Cadena Martínez, quien primero interpuso una denuncia en contra de los colonos por despojo y no procedió, debido a que la fiscalía que llevó el caso no encontró elementos que acreditaran el delito. Ahora ataca de nuevo con las acusaciones de fraccionamiento indebido y amenazas. Han hecho mancuerna dos personajes con malos antecedentes, para tratar no solo de sacar dinero, sino también para intentar destruir al antorchismo de Catemaco, que con mucho esfuerzo y dedicación ha venido resolviendo los problemas de cientos de colonos y campesinos que han visto en el trabajo y la lucha organizada una manera de conquistar mejores condiciones de vida, gracias a lo cual se ha convertido en una fuerza política importante en la región, lo que le permitió ganar una regiduría en la actual administración de Catemaco.

Detrás de Óscar Chagala se encuentran los intereses económicos y políticos de los grupos caciquiles de Catemaco, a los que no les conviene que los sectores pobres se organicen y eduquen políticamente, porque esto para ellos significa no poder manipularlos, agarrarlos aislados y sin fuerza. Los caciques se aprovechan de la desorganización del pueblo trabajador para apoderarse de los puestos de gobierno y hacer del dinero público un patrimonio particular; para ello necesitan a mercenarios como Óscar Chagala, quien cuenta con antecedentes penales que más adelante se irán dando a conocer a la opinión pública.

En realidad, el delito de la licenciada Deborath Minquiz Polito y del ingeniero Edgar Temich Zapot, líderes del Movimiento Antorchista en Catemaco, consiste en organizar a los sectores desprotegidos, para que trabajando conforme al artículo octavo y noveno de la Constitución Política del país gestionen la solución a los muchos problemas de pobreza que existen en la región. Son dos personas limpias y trabajadoras, que han puesto su inteligencia, energía y capacidad de trabajo al servicio de los catemaquenses. El cacicazgo los esta hostigando en contubernio con los jueces corruptos para quitarles tiempo e intentar maniatarlos y que dejen de luchar por asuntos de gran importancia, como el sistema de agua potable por gravedad para la cabecera municipal de Catemaco y otros asuntos de gran relevancia; para destruir el necesario intento organizativo de la gente pobre de ese municipio.

Es necesario denunciar la actitud corrupta del juez Marcelo Campos ante la opinión pública y el gobierno, en particular ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, para ser consecuentes con el eje rector de la política del actual gobierno federal. Se le debe de investigar de nueva cuenta, porque no es la primera vez que se ve involucrado en este tipo de ilícitos. Los campesinos y colonos están cansados de este tipo de acciones y se movilizarán para exigir la destitución de este juez.

Valentin

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